BUENOS AIRES, 24 (NA).- Tras largas negociaciones, el Gobierno acordó ayer con las cámaras empresariales y la CGT el pago de un plus de $5.000 a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo y será a cuenta de futuras revisiones salariales. Sectores empresarios aclararon que no se trata de un bono sino de un aporte obligatorio de recomposición salarial a cuenta de futuras paritarias.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción en la que participaron su titular, Dante Sica; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

"Durante el encuentro, las partes acordaron una recomposición salarial obligatoria de $5.000 para los trabajadores del sector privado. La misma será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias", indicó en un comunicado de la cartera de Producción y Trabajo.

Este martes por la mañana volverán a reunirse para definir la "letra chica" del entendimiento que detallará la forma en que se abonará el plus y si bien se espera que sea en un solo pago, las cámaras pymes vienen advirtiendo sobre las dificultades que tendrán para cubrir ese costo. 

De este modo, en el caso de pequeñas y medianas empresas, deberá definirse si se puede hacer el pago en cuotas y los plazos para cumplimentarlo. Por caso, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas, informó la entidad empresaria tras el encuentro. En un breve comunicado, tras el encuentro con Sica, el sector sindical y empresarial, la entidad afirmó que "se acordó que no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria".

Tras el encuentro y en breves declaraciones a la prensa, el secretario de Comercio Interior sostuvo que "se acordaron las distintas condiciones" y puntualizó que este martes se redactará el decreto que impulsa el pago del plus.

El presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, aseguró que ese plus será "a cuenta de futuras revisiones y los convenios colectivos deberán ver la situación de pequeñas empresas".

El dirigente agregó que el objetivo es "generar un marco para que el acuerdo pueda ser cumplido por todos y que los problemas puntuales de algunas empresas sean analizados caso por caso". Indicó que en cada convenio se podrá establecer "la fecha de pago y las modalidades respectivas", sobre todo en el caso de las pymes que más complicaciones tienen por la devaluación y la crisis financiera.

"Ha habido una predisposición del Gobierno con el carácter no remunerativo", destacó el empresario, quien dijo que esto "hace a la esencia del acuerdo por el peso de las cargas sociales".

El acuerdo anunciado al final del lunes dista de como había comenzado el día. Es que la Unión Industrial y de la Cámara de la Construcción habían anunciado que las empresas "no están en condiciones" de pagar el bono.  Apenas trascendió la noticia sobre la decisión del Gobierno de otorgar un plus para los privados con el propósito de compensar los efectos de la devaluación, las cámaras que agrupan a pymes advirtieron que era imposible hacer frente al desembolso. A esta postura, se sumaron luego al reclamo las entidades que reúnen a empresas poderosas vinculadas a la industria y la construcción. Incluso el titular de la UIA, Miguel Acevedo declaró a radio Futurock que "hablar de un bono hoy no se puede".

Pero al final del día hubo un punto de acuerdo y se anunció que los trabajadores privados percibirán el bono, lo que no significa que efectivamente lo harán: la realidad de cada sector y la situación de cada empresa decidirán si finalmente los 5.000 pesos llegan al bolsillo de los asalariados. 

Por parte del sector gremial participaron: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Daniel Funes de Rioja (UIA), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME), Florencia Merensztein, Julián Jajurin (CAME) y Claudio Rodriguez.

También tomaron parte el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.