Con el aumento, el sueldo de bolsillo de un diputado nacional roza los $150.000, sin contar los montos extra por desarraigo y gastos de representación.
Con el aumento, el sueldo de bolsillo de un diputado nacional roza los $150.000, sin contar los montos extra por desarraigo y gastos de representación.
El incremento es menor a la inflación pero se da en uno de los años de menor producción legislativa de la década: en Diputados solo hubo seis sesiones en lo que va del año.
Oficialismo y oposición suelen esmerarse en el Congreso por dar muestras de sus duelos discursivos para marcar las diferencias que los enfrentan. Hay una instancia, sin embargo, en la que esas diferencias se esfuman: es la instancia en la que se pactan los aumentos en las dietas de los legisladores. Allí no hay oficialismo ni oposición, pues los diputados y los senadores se calzan la misma camiseta en pos de un objetivo común, incrementar sus remuneraciones. Este año no fue la excepción: gracias a la generosa paritaria que se acordó con los gremios legislativos, todos los legisladores nacionales recibieron este año un aumento del 32% en sus dietas.
Con el aumento dispuesto, el salario bruto de un diputado nacional trepó a $ 218.935 mensuales, el cual está compuesto por la dieta, de $198.935, y los gastos de representación, de $20.000. Sobre este monto se descuentan los correspondientes aportes: el descuento más voluminoso se lo lleva el impuesto a las ganancias, que promedia los $48.770. En síntesis, efectuados los descuentos, el sueldo de bolsillo de un diputado nacional es de $149.162 mensuales, más un monto extra por desarraigo y gastos de movilidad que varía según las necesidades y la provincia de origen del legislador.
Lo cierto es que el aumento pudo ser mayor. Las subas de las dietas están, en rigor, “enganchadas” a la negociación paritaria con los gremios legislativos, que este año cerró con una suba acumulada del 45,2% para todos los empleados hasta marzo próximo.
Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, consciente del malestar de la sociedad con la labor del Congreso, dispuso que los diputados nacionales no perciban la última cuota de aumento (10%) correspondiente al mes próximo. Así, el aumento se limitará al 32% anual. El Senado aún no definió la cifra de aumento para sus miembros.
El porcentaje tal vez no llame demasiado la atención si se lo compara con el aumento del salario mínimo, vital y móvil, que el gobierno de Mauricio Macri decretó en un 35% a pagar en tres cuotas. Incluso hay quienes, en el Congreso, argumentan que la suba se ubica muy por debajo de la inflación, la cual tendría un piso del 54% anual según las estimaciones oficiales y privadas.
Lo cierto es que esta suba del 32% no difiere demasiado de las mejoras que recibieron otros gremios, como el de comercio (30%), o el de los metalúrgicos (36%). La polémica, sin embargo, se suscita porque el aumento en las dietas se otorga en uno de los años de menor producción legislativa de la década. Las estadísticas son lapidarias: en lo que va de 2019, la Cámara de Diputados realizó solo seis sesiones, mientras que el Senado apenas siete.
El Congreso está virtualmente paralizado desde el inicio de la campaña electoral. No sólo no hay sesiones; los legisladores tampoco se convocan a las comisiones para debatir los proyectos, primera instancia en el derrotero de una futura ley. Así, están frenadas una ristra de iniciativas largamente esperadas, como la llamada “ley de góndolas”, o una nueva ley de alquileres. También quedaron postergadas, entre otras, la ley de presupuesto 2020 y la propuesta para reperfilar la deuda, ambas presentadas por el Gobierno después de las primarias.
Es cierto que las elecciones y la actividad proselitista suelen resentir la tarea parlamentaria, pero este año se rompieron todos los récords. Y esto no es “mérito” sólo del oficialismo que, en rigor de verdad, no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. La oposición peronista, convencida que asumirá las riendas del gobierno el 10 de diciembre, convalida que se mantenga cerrado el recinto para evitar que cualquier traspié altere la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.
Entre tantas especulaciones y mezquindades políticas, la víctima finalmente es el Congreso como institución. Así lo revela, al menos, un relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés y que da cuenta de que alrededor del 70% de los encuestados no está satisfecho con el desempeño de los legisladores. El malestar sólo es superado por la Corte Suprema, que acumula un 77% de insatisfechos por su labor, según la encuesta.
Fuente: Aires de Santa Fe